El Departamento del Tesoro identificó que los establecimientos señalados operan como red de lavado y centros de acopio de fentanilo
México; 14 de abril 2026.— La administración estadounidense dio a conocer este martes una serie de medidas punitivas contra una red de establecimientos y operadores presuntamente vinculados al Cártel del Noreste (CDN) en México. El operativo, coordinado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), tiene como objetivo desarticular el andamiaje logístico y de lavado de dinero de esta organización en el estado de Tamaulipas.
Bajo la estrategia de asfixia financiera, las autoridades identificaron al Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, como un punto neurálgico de criminalidad. Según el reporte oficial, el inmueble es gestionado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y funge como “casa de seguridad de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”. Asimismo, el Diamante Casino en Tampico fue incorporado a la lista negra por sus nexos con la estructura delictiva.
Sobre estas acciones, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, enfatizó que “la administración Trump está sancionando a altos mandos y a empresas fachada vinculadas al cártel del Noreste, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. Mantenemos nuestro compromiso de proteger nuestra patria, detener el tráfico de drogas letales y desmantelar las organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio“.
Operadores y colaboradores señalados
El Departamento del Tesoro también dirigió sus acciones contra individuos clave, incluyendo a Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, señalado como operador del cártel, presuntamente responsable del cruce ilegal de migrantes hacia Texas. En el ámbito legal y social, la OFAC sancionó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, defensor del capo Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40), argumentando que sus actividades van “más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente”.
De igual forma, se impusieron restricciones a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, al señalarlo como asociado del CDN. El Tesoro denunció que, “bajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de cárteles, presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos”.
Estas designaciones implican el bloqueo total de propiedades y activos que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense. Con este movimiento, Estados Unidos reforzó la postura adoptada desde febrero del año 2025, cuando el CDN fue categorizado como organización terrorista.
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